Frente a una fecha límite a mediados de abril para decidir si extiende una suspensión temporal de las sanciones que otorgó a Venezuela el otoño pasado, la administración Biden está considerando formas de imponer nuevos límites a las ventas de petróleo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro sin aumentar el número de migrantes venezolano ni aumentar los precios del gas en Estados Unidos o enojar a otros gobiernos latinoamericanos.
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Las fuertes sanciones que prohibían las ventas de petróleo, impuestas por la administración Trump, se levantaron en octubre después de que Maduro prometiera que permitiría elecciones presidenciales competitivas este verano.
Desde entonces, el presidente venezolano arrestó a miembros de la oposición y excluyó a su principal candidato de la carrera, lo que llevó al Departamento de Estado a decir a fines de enero que, a falta de avances por parte de Maduro, no renovaría una suspensión de sanciones de seis meses que estaba a punto de expirar. el 18 de abril.
La “licencia general” del Tesoro de Estados Unidos emitida el año pasado permite a compradores de todo el mundo comprar crudo venezolano y pagarlo en dólares estadounidenses por primera vez desde que la política de máxima presión de Trump lo eliminó efectivamente del mercado internacional.
China, que ignoró las sanciones estadounidenses, se convirtió en el principal comprador de Venezuela e Irán en su principal proveedor de productos químicos necesarios para diluir y producir el petróleo pesado del país.
A raíz del fracaso de Maduro en cumplir su parte del trato, el gobierno quiere castigarlo, evitando al mismo tiempo perder lo que ganó con el acuerdo, negociado a instancias de la oposición venezolana.
Según una de las propuestas sobre la mesa, el Departamento del Tesoro impondría un nuevo régimen de sanciones que permitiría a Venezuela continuar vendiendo crudo a clientes internacionales, pero no en dólares estadounidenses, que son la moneda dominante en el mercado.
En cambio, a Venezuela se le pagaría en su propia moneda, el bolívar, depositado directamente en su Banco Central a través de pagos de alivio de deuda o acuerdos de trueque que intercambiarían petróleo por diluyente, gasolina o diésel, según un asesor de compañías energéticas involucradas en el sector petrolero de Venezuela, quien habló bajo condición de anonimato para proteger la confidencialidad de los clientes.
Este es el camino «más probable» que se tome, según una persona familiarizada con las deliberaciones internas de la administración, que habló bajo condición de anonimato para discutir el delicado tema. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios.
Los funcionarios de Biden, preocupados por las consecuencias políticas de hacer supuestas concesiones a un líder autoritario, deben argumentar que la nueva política no representa ceder ante los intereses de un gobierno de Maduro que ha reprimido repetidamente a la oposición democrática.
Biden comenzó a cambiar la política de Trump en 2022 al aliviar las restricciones a Chevron, durante mucho tiempo un importante productor en Venezuela, y permitiéndole vender el petróleo que produce allí a Estados Unidos. No se espera que se apliquen restricciones adicionales a la empresa si se rescinde la licencia general más amplia, según un funcionario del gobierno de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato según las normas administrativas.
Los funcionarios de la administración iniciaron negociaciones con el gobierno de Maduro a instancias de la oposición venezolana y de las empresas que operan allí, lo que provocó el descontento de algunos miembros poderosos del Congreso, especialmente los dos senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, junto con el senador republicano por Texas, Ted Cruz
Los críticos expresaron dudas de que el alivio de las sanciones tuviera el efecto deseado sobre Maduro.
«Renunciamos a nuestra influencia cuando levantamos las sanciones en primer lugar… basándonos en una promesa que todos sabían que no iba a cumplir», dijo Eric Farnsworth, un experto en América Latina de la oficina en Washington del Consejo de la Unión Europea. Americas and the Americas Society y ex funcionario del Departamento de Estado. “¿Intentan ahora volver a imponer sanciones y a qué nivel?”
Un regreso a la política de sanciones de la era Trump podría molestar a importantes gobiernos de izquierda en la región, particularmente Brasil y Colombia, que han luchado con sus propios problemas migratorios desde la vecina Venezuela. India, un socio fundamental de Estados Unidos, también se ha convertido en un importante importador de petróleo venezolano bajo la licencia existente, más liberal.
“Lo peor que podría pasar es que se nos considere que adoptamos esta mala política que heredamos de la administración Trump”, dijo la persona familiarizada con el tema. “Maduro iría a las elecciones de julio con todas las restricciones y nos echaría la culpa. Y los países con los que necesitamos cooperar con nosotros en materia de migración” y otros temas “se apresurarán a normalizar las relaciones” con Maduro y “se volverán contra nosotros como agresores y contra el régimen como víctima”.
La nueva medida propuesta aún permitiría “alivio para la economía nacional” al proporcionar gas intercambiado y otros productos petrolíferos refinados para la electricidad, la agricultura y el gas venezolanos, dijo David L. Goldwyn, quien se desempeñó como enviado especial y coordinador del Departamento de Estado para la energía internacional durante la Administración Obama.
Los obstáculos electorales de Maduro provocaron esta semana una inusual condena por parte de los líderes de Colombia y Brasil, gobiernos generalmente considerados más amigables con el liderazgo de Venezuela que otros en el hemisferio. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que no había ninguna razón justificable para que Maduro prohibiera la presentación de candidatos de la oposición.
Con información de Alberto News y The Washington Post
